La solicitud de empelo en el Colegio ha empezado a aumentar considerablemente.  Según Venegas los reales decretos  están afectando gravemente a las boticas.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz, con más de cien años de historia, vive una delicada situación. Cecilio J. Venegas Fito, su presidente, explica que en este año negro la lista de solicitud de empleo en el Colegio ha empezado a aumentar considerablemente y en un futuro no muy lejano también existe el peligro real de que algunas oficinas de farmacia cierren sus puertas.

“Actualmente los responsables de la farmacias se encuentran muy preocupados por el futuro, sin tener un horizonte claro de desarrollo” recalca el presidente, quien añade y sentencia, “el nivel de margen tanto bruto como neto de las farmacias ha descendido muchísimo. La farmacia intenta aumentar, en lo posible, las medidas de gestión, pero es difícil sobrevivir en estas circunstancias, naturalmente provocadas por la crisis económica que padecemos”.

Venegas, un gran conocedor del sector, ya que además de  presidente del COF, también lo es del Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Extremadura, vocal Autonómico en el Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España y vocal de la Comisión Mixta Nacional de Farmacia del Ministerio de Sanidad y Consumo, cree que se deben buscar otras opciones de financiación porque “la farmacia no puede ya colaborar con más de lo que viene aportando, ya que, a día de hoy, se supera en un 20% la aportación de las oficinas a lo que lo hace el usuario como pago compartido”. Una de las propuestas de la administración fue la aprobación del Real Decreto-Ley 9/2011. En este sentido, el presidente del COF, que también es analista clínico para el INSALUD en el Centro de Especialidades Anexo I de Badajoz e inspector Farmacéutico Municipal sustituto en diversas localidades,  cree que el decreto tiene algunos artículos positivos que hacen referencia a la receta electrónica, a la historia clínica común y a la tarjeta sanitaria, pero que la medida conllevará “40 millones de euros que directamente quedarán imputados al margen de beneficios de las farmacias”.