A medida que avanza el recién estrenado 2012 y se empiezan a concretar las medidas que este año se aplicarán en los diferentes territorios para frenar el gasto farmacéutico, propuestas como la del gobierno andaluz para adjudicar a los laboratorios el suministro exclusivo de genéricos por concurso o la del ejecutivo catalán que quiere cobrar un euro por receta; levantan más y más controversia.
Las voces que instan a su ilegalidad ya son varias y también se empiezan a hacer oír las que creen que aplicar normas de este tipo en Comunidades concretas pueden ser nocivas para la cohesión del SNS. Lejos de comulgar con estas posturas, la consejera de salud andaluza, María Jesús Montero, ha aprovechado la notoriedad de la noticia del pago por receta en Cataluña para defender su propuesta, «Entre apurar los márgenes de las empresas o castigar al paciente con un ticket moderador hay una clara alternativa», ha dicho Montero.
Pero ha sido precisamente este argumento, el que ha levantado algunas de las críticas más duras de la portavoz de sanidad del grupo popular andaluz, Ana María Corredera, quien ha asegurado que con la medida, «se favorece a los grandes laboratorios que serán los que podrán ajustar más sus precios para participar en las subastas, mientras que los pequeños y medianos se verán obligados a cerrar sus puertas al no poder competir».
