Subastas: un ataque a la profesión, no a la economía
Los farmacéuticos se muestran contrarios a la medida por un interés profesional. Se preguntan quién será ahora el responsable de las incidencias de los fármacos. Los farmacéuticos andaluces andan en pie de guerra y no piensan dar por perdida su batalla contra las subastas andaluzas. El desarrollo de esta medida, en su día aprobada por la vía del decreto ley, les ha abierto las puertas a luchar judicialmente contra lo que consideran un ataque a su profesión, más que a su economía. A la espera de ver si los laboratorios concurren a la primera convocatoria de esta licitación, los colegios de farmacéuticos andaluces estudian posibles vías de actuación.
«Nosotros vamos a ir contra todo lo que la ley nos permita ir», aseguró el vicepresidente del COF de Sevilla, Manuel Ojeda, que considera que esta norma «no aporta nada al paciente». De hecho, se pregunta quién será ahora el responsable de la ineficacia del medicamento en un paciente si el médico prescribe por principio activo y al farmacéutico se le obliga a dar un solo fármaco. Por ello, aduce que el interés del colectivo en esta materia es meramente profesional. «Económicamente nos da igual, pero profesionalmente no», señala.
Invasión de competencias
Por su parte, el presidente del COF de Málaga, Javier Tudela, considera que «la primera medida es que el Gobierno de España declare abiertamente que en este proceso no tiene competencia una comunidad». Sobre este asunto, así como sobre la necesidad de garantizar el pago a las farmacias, Tudela habló con la candidata número uno al Parlamento andaluz por el PP de Málaga, Esperanza Oña, con quien se reunió el pasado 13 de febrero.
Del mismo modo, la patronal andaluza Ceofa también cree que las subastas de medicamentos invaden las competencias exclusivas del Estado y alteran el derecho de los andaluces de acceder a los medicamento en condiciones de igualdad con el resto de los españoles. Una circunstancia que, según la patronal, vulnera el artículo 149 de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para legislar sobre productos farmacéuticos, y el artículo 38, por limitar «de forma desproporcionada la libre competencia».
Por este motivo, la patronal que preside Ángel Pérez ha solicitado al Gobierno que interponga recurso de inconstitucionalidad para asegurar la equidad y la cohesión del SNS, sin discriminar a los pacientes en función de su lugar de residencia. Asimismo, Ceofa recuerda que la ley prevé la posibilidad de iniciar diálogo entre Estado y comunidad autónoma al efecto de eliminar los defectos de inconstitucionalidad, tal y como pretende el Ministerio de Sanidad, que quiere paralizar las subastas hasta que culmine ese diálogo. •
