Con esta medida se pretende conseguir un ahorro de 240 millones de euros en un colectivo que gasta en medicamentos y va menos a las consultas que los españoles.
Cada día conocemos nuevos datos de las drásticas medidas de recortes del Gobierno popular en sanidad. En este caso se trata del acceso a la tarjeta sanitaria por parte de los inmigrantes, un colectivo que, hasta el momento, necesita sólo estar empadronado para recibir la tarjeta sanitaria. A partir de este momento deberán, también, estar asegurados lo que implica darse de alta en la Seguridad Social. Con estas medidas, el Ejecutivo pretende lograr un ahorro que no llega a los 250 millones de euros, algo menos de la mitad de lo que había previsto en un primer momento. Pero si tomamos como base el gasto medio de un ciudadano español en servicios sanitarios frente a un inmigrante, las cuentas no salen. Sobre todo porque, según los expertos, el gasto medio de un extranjero no es igual al de un español, ni en lo referente al consumo de fármacos, ni en cuanto a visitas a la consulta del médico u hospitalizaciones. De hecho, en estos tres ámbitos los extranjeros se quedan muy por debajo del uso que realizan los ciudadanos españoles. Con algunos datos en la mano basta decir que, por ejemplo, en cuanto al consumo en farmacia, el gasto de los inmigrantes es de 97 euros por persona, mientras que en los autóctonos asciende a 446 euros. Idénticos resultados los encontramos en los gastos de los ingresados (4.710 euros de los originarios de países pobres frente a los 6.759 euros de los españoles); en el número de visitas a urgencias (el 40,6% de la población inmigrante frente al 44,6% de la nacional), o frecuencia de las visitas al sistema sanitario (los españoles tienen una media de 7,65, mientras que en los extranjeros es de 5,05).