Cataluña, País Vasco y Andalucía, que representan alrededor del 38 por ciento del mercado, se descuelgan del concurso centralizado de fármacos.

El último Consejo de Ministros del año ha aprobado la primera compra centralizada de medicamentos y productos sanitarios. Se sacarán concretamente a concurso las epoetinas, los anticuerpos monoclonales anti TNF, los guantes de examen y quirúrgicos, las tiras reactivas para la determinación de glucosa en sangre y el material para la incontinencia. Pero el concurso no incluirá a País Vasco, Cataluña y Andalucía, que representan alrededor del 38 por ciento del mercado nacional de medicamentos y que han optado por no participar en la central de compras de Sanidad.

Según datos de Sanidad, la licitación de los dos grupos de medicamentos que saldrán a concurso podría alcanzar los 500 millones de euros y la de los tres grupos de productos sanitarios llegaría a los 100 millones, generando un ahorro conjunto por la rebaja de precios cercano a los 80 millones de euros. Este ahorro se sumaría, según Sanidad, al ya generado con las compras centralizadas de vacunas de la gripe este año, alcanzado en conjunto los 117 millones de euros.

El sistema de licitación que se ha escogido para la nueva central de compras permitirá que no se adjudique a un solo proveedor todas las ventas del medicamento o del producto adjudicado, sino que se seleccionarán cuatro empresas proveedoras y cada autonomía tendrá luego libertad para escoger dentro de esta selección.

El concurso va acompañado además de una disposición aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 que permite a las compañías adjudicatarias garantías de pago. Así, será el Ministerio de Hacienda el que pague directamente la factura de las compras de medicamentos y productos sanitarios realizadas por concurso centralizado y luego descontará estos pagos de las transferencias que realiza a las comunidades autónomas, impidiendo así que se generen retrasos en el pago.

Sanidad explica que para la selección de los proveedores se tendrán en cuenta criterios de solvencia técnica y financiera de las empresas que han sido pactados con las autonomías.