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El proyecto de orden plantea unos coeficientes de corrección (margen de dispensación y adaptación al usuario) para calcular el precio final.
El Ministerio de Sanidad ha sacado a audiencia pública el proyecto de Orden que establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y regula el procedimiento de oferta de productos ortoprotésicos y se determinan los coeficientes de corrección. El texto plantea fijar un importe máximo de financiación (IMF) para cada tipo de producto ortoprotésico que, en el primer desarrollo de la orden, afectará a sillas de ruedas, órtesis, ortoprótesis especiales y prótesis externas.
Esta primera clasificación sentará las bases del futuro catálogo común de prestación ortoprotésica suplementaria. Los importes máximos de financiación se han calculado teniendo en cuenta «las características de diseño de los productos, su funcionalidad y prestaciones que han permitido agruparlos en tipos de productos con características similares, su consumo, los importes financiables de los diferentes catálogos de las comunidades autónomas, Ingesa y mutualidades». Estos importes, diseñados por un grupo de trabajo en el que han participado las autonomías con los catálogos más actualizados (Comunidad Valenciana, Galicia y Andalucía) y expertos de Sanidad, se revisarán cada año.
El IMF se ha calculado sin IVA para que cada región aplique los impuestos correspondientes en función del ámbito geográfico y del grado de discapacidad de los usuarios. Para calcular el precio final del producto hará falta, además, sumar los coeficientes de corrección, que serían los que permitirán calcular los márgenes de dispensación y de adaptación al usuario (frecuentemente estos productos se ajustan a las necesidades del usuario) de farmacias y ortopedias. El gasto público de la prestación ortoprotésica se ha cifrado en 145 millones en 2012 y en 139 en 2013; sólo ortesis, sillas de ruedas y ortoprótesis especiales, representarían el 78 por ciento del gasto de prestación suplementaria, suponiendo al SNS un gasto de 110 millones anuales, según la memoria económica del proyecto.
