El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, reiteró su rechazo este martes en el Senado a las subastas de medicamentos en Andalucía ante una interpelación por parte de la senadora del Grupo Socialista Fuensanta Coves sobre las causas en la reiteración de los recursos judiciales en materia de los concursos de subasta de medicamentos. El ministro Alonso pidió a los socialistas que se replantearan las subasta de medicamentos dados los problemas que han venido suscitando.
En este sentido, Alonso pidió al gobierno andaluz que actúen de manera coordinada con el gobierno central, «lo sensato es actuar coordinadamente y juntos, me parece una posición un tanto soberbia que Andalucía siempre tenga razón y estemos equivocados los demás porque lo diga un gobierno del Partido Socialista». Alonso quiso así reafirmar la falta de equidad que, a su juicio, provoca la medida del SAS y que el poco beneficio económico que puede producir «nunca es para el paciente». En ese sentido, expuso que cuando el mecanismo que tiene el Estado de compra centralizada permite una bajada del precio ese beneficio es «para todos, incluido el usuario». Además, el titular de Sanidad reprochó al PSOE y al Gobierno andaluz que muchas de las nuevas empresas que han entrado en la adjudicación de la subasta sean compañías que fabrican en India, Bangladesh o Eslovenia. «No fabricaban aquí, ni crean puestos de trabajo en España, ni contribuyen al PIB, ni garantizaban el abastecimiento», ha mantenido.
Por su parte, la senadora socialista, Fuensanta Coves defendió la medida rechazando los argumentos del PP sobre que la misma rompe la unidad de mercado o provoca desabastecimiento e incidió que los medicamentos que participan en la subasta son controlados, como todos, por la Agencia Española del Medicamento. Coves mantuvo que la medida «no recorta prestaciones» sino que «rebaja un poco el margen de beneficios de los laboratorios» y ha señalado que ese margen que obtiene la Junta se destina a las farmacias rurales o al sostenimiento del sistema público de salud. A su juicio, el PP y el Gobierno central «no perdonan a Andalucía» que demuestre que «una sanidad pública y gratuita es posible» y, en ese sentido, apuntó a los recursos interpuestos por el Ejecutivo ante los tribunales pero también cómo éstos han levantado la suspensión cautelar de la medida en virtud de afirmaciones como que «los intereses particulares de las farmacéuticas y los laboratorios no pueden prevalecer sobre el interés general de reducir el gasto farmacéutico».
