07/01/16 Miguel Ángel Tovar La visión de…

La venta de medicamentos de prescripción a través de farmacias apenas crecerá durante el próximo lustro, según prevé la consultora IMS. Por el contrario, para el mercado de prescripción hospitalario el crecimiento esperado está en torno al 4 por ciento anual. Buena parte de la culpa la tiene la política seguida los últimos años para modificar el lugar de dispensación de una miscelánea de productos de la farmacia al hospital. El Estado arguye que esta medida atiende principalmente a criterios de seguridad del paciente. En algunos casos, la aplicación de ese criterio parece razonable, pero en muchos otros la motivación es puramente económica, pues de este modo se ahorra el margen de la farmacia. Pero, ¿le sale a cuenta?

Mientras que las terapias innovadoras, con un precio más alto, se van al hospital, la farmacia ve cómo continua la generificación de su oferta y la caída de los precios. De seguir esta tendencia, el resultado será la progresiva erosión de los márgenes de la farmacia, cuyos gastos van a seguir aumentado, mientras el Estado deberá dotar de más recursos los servicios de farmacia hospitalaria, para poder atender la creciente demanda. Así pues, si el Estado ve reducidos los ingresos que obtiene de la farmacia y debe gastar más en los hospitales públicos, ¿dónde queda el ahorro?

Pero es que, además, una parte significativa de los medicamentos que se dispensan en hospital a pacientes ambulatorios (MHDA) no son de especial control médico, por lo que en estos casos el lugar más idóneo para la dispensación y seguimiento farmacoterapéutico del paciente sería la oficina de farmacia que le quede más cercana. Sin embargo, por razones estrictamente económicas el Estado obliga al paciente a desplazarse al hospital (que en ocasiones se halla muy alejado de su lugar de residencia o de trabajo) para conseguir su medicación, con las molestias y la pérdida de tiempo que ello conlleva.

Esta barrera innecesaria dificulta el acceso de los pacientes a su medicación, puede generar en ocasiones una falta de adherencia al tratamiento, con el consiguiente riesgo para su salud, y determinar un mayor consumo de recursos sanitarios. Por ello, desde instituciones como el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Fedifar o Farmaindustria se viene reclamando de forma reiterada el regreso a las oficinas de farmacia de los medicamentos que no precisan de un seguimiento clínico en su dispensación.

Paradójicamente también encontramos medicamentos que sorprendentemente se dispensan en farmacias comunitarias, a pesar de ser citotóxicos que requieren de una monitorización periódica, como el metotrexato. Asimismo algunas comunidades autónomas han decidido por su cuenta modificar las condiciones de dispensación de algunos medicamentos y excluirlos de las farmacias comunitarias, creando así inequidades en el acceso según el lugar de residencia.

Convendría, por lo tanto, poner un poco de orden, revisar la clasificación de los medicamentos que se prescriben en el hospital a los pacientes ambulatorios y ver cuáles pueden regresar a las farmacias comunitarias. Igualmente es preciso resolver el problema competencial entre la administración central y las autonómicas en lo que se refiere a la modificación de las condiciones de dispensación. Por último, las Administraciones Públicas deberían profundizar en la colaboración y eventualmente promover la integración entre las farmacias de hospital y comunitarias, en aras a un uso más eficiente de los recursos y una mejor atención a los pacientes.