Al fin dos comunidades autónomas, Canarias y Extremadura, han logrado la plena interoperabilidad entre sus sistemas de receta electrónica. Los ciudadanos de una comunidad ya pueden utilizar sus recetas electrónicas en las farmacias de la otra, y viceversa. Nos encontramos, pues, en la fase final para conseguir el objetivo último: que los ciudadanos puedan acudir con sus recetas electrónicas a cualquier farmacia del territorio nacional. Objetivo que debería haberse alcanzado hace más de tres años, el 1 de enero de 2013, tal como estableció el Real Decreto-Ley 9/2011. Pero las comunidades se mueven a muy diferentes velocidades. Doce años separan a Andalucía, la primera comunidad en poner en marcha el sistema de receta electrónica, de Castilla y León, la última en hacerlo. Por parte del ministerio de sanidad ha faltado tal vez un mayor liderazgo.
Lograr que los 18 sistemas de receta electrónica (sumando el Ingesa) sean interoperables supondrá un salto cualitativo histórico para nuestro sistema nacional de salud (SNS). No sólo evitará que los desplazados viajen con medicación que cubra el tiempo que van a estar ausentes o con las correspondientes recetas en papel para obtenerla fuera de su comunidad, sino que además las comunidades autónomas tendrán constancia de las dispensaciones que han tenido lugar fuera de su territorio a pacientes bajo su cobertura y facilitará la compensación entre comunidades con cargo al fondo de cohesión sanitaria.

Con todo, limitar el sistema de receta electrónica a una mera digitalización de la tradicional receta en papel, supone desaprovechar su enorme potencial. Una vez más la administración pública ha primado el criterio economicista sobre el sanitario, poniendo el foco en la mejora del control administrativo de la prescripción y dispensación de medicamentos a su cargo y dejando fuera la prescripción privada y los medicamentos que se adquieren sin receta. Por ello, no es de extrañar que todavía más del 20% de las recetas se sigan haciendo manualmente.

Si la administración hubiese adoptado un enfoque sanitario, en primer lugar para el diseño del proyecto habría contado con los diferentes profesionales. Médicos y farmacéuticos habrían propuesto que la receta electrónica sea además una herramienta de comunicación y coordinación entre profesionales y entre niveles asistenciales, para un mejor control y seguimiento de los tratamientos que recibe el paciente. Una herramienta que permita recoger toda la información relevante, toda la medicación que tome el paciente, incluidos algunos productos de parafarmacia, si así se estimase conveniente. Y que los farmacéuticos pudieran anotar en el sistema cualquier información de interés.

Asimismo, para una mejor dispensación en las oficinas de farmacia, el sistema de receta electrónica debería proporcionar aquella información que permita dar una mejor atención a los pacientes. Los farmacéuticos deberían tener acceso a parte del historial clínico del paciente: historial farmacoterapéutico, reacciones adversas, pruebas de laboratorio, alergias, etc. Es preciso, además, culminar la historia clínica digital y su interoperabilidad entre comunidades, otro proyecto actualmente en marcha, que acumula un retraso en su desarrollo aún mayor que el de la receta electrónica. En pleno auge de la salud digital, todavía casi la mitad de la población no tiene historia clínica digital interoperable.

Lo cierto es que queda aún mucho camino por recorrer. Para un abordaje integral del paciente y un aprovechamiento de estos potentes instrumentos digitales, es imprescindible involucrar a todos los profesionales sanitarios y a todos los niveles, incluido el sociosanitario. En este asunto los farmacéuticos tenemos la impresión de que hemos sido meros espectadores y que se ha perdido la oportunidad de prestar un mejor servicio a los pacientes y al SNS. Las autoridades sanitarias deberían enmendar su error de planteamiento y sin más demora empezar a planificar las medidas correctoras necesarias.