La propuesta, por parte del resto de Comunidades Autónomas, podría empezar a  meditarse en el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, aunque aún no hay convocada una fecha definitiva para que se celebre.

Cataluña ha sido la primera CC.AA. que ha dado un paso al frente en este sentido, una medida aprobada por el Ejecutivo de CiU que contó con la abstención del PP. Y aunque tanto la ministra de Sanidad, Ana Mato, como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, han expresado su opinión en contra, ya han comenzado ha surgir algunas manifestaciones a favor de esta medida. El gasto público en Sanidad asciende a más de 65.000 millones de euros al año y los presupuestos de las Comunidades Autónomas no llegan a los 58.000 millones, de ahí el déficit de más de 7.500 millones de euros anuales. Una falta presupuestaria que provoca una deuda, cada vez más agravada, con los proveedores, es decir, laboratorios, oficinas de farmacia, suministradores de tecnología sanitaria, además de servicios de administración, seguridad, limpieza y un largo etcétera. Por este motivo, si se tiene en cuenta que el número de recetas públicas (según datos del año 2011), fue de 973 millones, el hecho de cobrar un euro por receta supondría para las arcas del Estado un ingreso de 973 millones de euros.

De igual manera se está pensando en otra serie de medidas que ayudarían a reducir el déficit, tales como cobrar por día de hospitalización, cobrar por consulta (como se hace en Alemania o Italia que cobran hasta 10 euros), por visitas a urgencias, por los denominados servicios de hostelería, es decir, la lavandería y la comida que se sirve al enfermo que está hospitalizado, etc. Suposiciones, todas ellas, que tienen como consecuencia, la posible alteración en la atención al paciente o mayores riesgos, entre ellos, posibles infecciones, malnutrición, desarrollo de procesos más graves porque el paciente no quiera pagar dicho gravamen… La otra opción que se baraja es reducir los gastos, en forma de ahorro conseguido a través de compras centralizadas, subastar a la baja el suministro de medicamentos a las oficinas de farmacia (como ha propuesto Andalucía), o la revisión de las prestaciones, es decir, financiar sólo aquellas que de verdad sirvan.